¿Qué son la buena administración y la buena fe en el procedimiento administrativo?

Cuando una persona se relaciona con una entidad pública —por ejemplo, al realizar un trámite, solicitar un permiso o impugnar una decisión— no solo intervienen normas y procedimientos. También entran en juego principios jurídicos fundamentales que orientan cómo debe actuar la Administración y cómo deben comportarse las personas. Entre los más importantes están la buena administración y la buena fe.

La buena administración parte de una idea sencilla: la Administración Pública debe hacer bien lo que está obligada a hacer. Esto implica actuar conforme a la ley, con razonabilidad, responsabilidad, eficiencia y orientada al bien común.

La buena fe, por su parte, exige que tanto la Administración como las personas actúen con honestidad, lealtad y corrección. Se presume que las actuaciones son honestas salvo prueba en contrario, y este principio protege la confianza legítima y la seguridad jurídica.

Ambos principios buscan equilibrar la relación entre el Estado y las personas, garantizando un trato justo, transparente y respetuoso de los derechos.